Resumen: Recurre el trabajador su sanción por falta muy grave (por no seguir un Protocolo Covid restrictivo de derechos; y que, además, carece de eficacia normativo-obligacional. Tras remitirse a la incidencia constitucional de los derechos a modular (a la integridad física, salud, intimidad&;) y al iter normativo seguido en su implementación se remite Sala a una consolidada jurisprudencia referida a la limitación este último. Partiendo de su necesaria justificación (que, en función de la intensidad y extensión de la restricción, exige acreditar que las medidas son proporcionadas para hacer frente a la emergencia sanitaria) se impone también su motivación por la Administración a la que el Alto Tribunal reprocha que su Informe técnico no contenía datos concretos sobre las residencias y su incidencia en las mismas; no aclarando la aptitud del Protocolo (no ratificado judicialmente) para establecer aquellas restricciones. Inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley sobre el Estado de Alarma La sentencia no contiene datos actualizados a la fecha de la sanción sobre la incidencia del COVID-19 en los centros a los que se aplica el protocolo; lo que impide determinar si la obligación de realizar 2 test PCR semanales, impuesta a los trabajadores no vacunados, constituye una medida necesaria y proporcionada que justifique la diferencia de trato frente al personal vacunado. Se declara la nulidad de la sanción sin que de ella se siga una condena por daños morales no concreta
Resumen: La sentencia estima el recurso frente a la resolución que desestimó la pretensión del contratista de que se suspendiese el contrato de explotación del servicio de cafetería y restaurante de un hospital durante el tiempo de las restricciones motivadas por la pandemia COVID-19. La Sala aprecia (voto mayoritario) que la Administración debió decretar la suspensión parcial del contrato desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 13 de julio de 2020. El servicio permanecía abierto a todo el personal sanitario de los centros hospitalarios, asimismo servicio de comidas y cenas en la habitación para los acompañantes de los enfermos. En atención a dichas instrucción, la Administración interpreta que no procede la suspensión total o parcial, porque a su juicio no se dieron las circunstancias que hubieran impedida la ejecución del contrato. No obstante la Sala aprecia que el público en general tenía muy difícil acceder a un centro sanitario (obviamente salvo enfermedad) entre otras cosas porque al población estuvo confinada en su domicilio y sólo se podía servir a los acompañantes (indispensables) en la habitación del enfermo, lo que limitó de forma muy notable la posibilidad de la empresa demandante de ejercer su actividad, por lo que la suspensión estaba justificada.
Resumen: PRIMERO.- El juzgado de lo social número 10 de Bilbao ha dictado sentencia el 07/09/2021 reconociendo a la actora en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de profesora de matemáticas y desestimando la pretensión principal de reconocimiento de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio, revocando así la resolución administrativa de INSS de 26/08/2020 que declaraba que no se encontraba afecta a grado de incapacidad alguno.
